La reciente presentación del informe sobre personas desaparecidas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum reabrió un debate que no es nuevo, pero sí urgente: ¿cómo se está nombrando —y dimensionando— la crisis de desapariciones en México?
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país acumula 132,534 personas desaparecidas. Sin embargo, el propio Gobierno federal ha reconocido inconsistencias en los registros, lo que dio paso a un proceso de reclasificación. De este universo, 2,356 casos corresponden a desapariciones ocurridas entre 1952 y 2005, en un contexto de represión estatal. Los restantes 130,178 fueron reorganizados en tres categorías: 46,742 con datos insuficientes que impiden su búsqueda; 40,308 en los que se detectó actividad posterior —como trámites oficiales—; y 43,128 casos con información completa en los que no se ha encontrado rastro.
A primera vista, el ejercicio parece técnico. Sin embargo, el problema no es la clasificación, sino la narrativa que puede desprenderse de ella.
Reducir la conversación pública a la cifra de 43,128 personas desaparecidas no solo es limitado, sino profundamente riesgoso. No porque ese número no sea grave —lo es—, sino porque deja en una zona de ambigüedad a más de 46 mil registros con información incompleta, que en los hechos quedan fuera de una estrategia clara de búsqueda. En otras palabras, lo que no está suficientemente documentado corre el riesgo de no ser atendido.
Esta lógica no es menor. En un país donde la desaparición de personas constituye una de las crisis más dolorosas, los vacíos de información no deberían traducirse en vacíos de acción.
A ello se suma otro dato que no puede pasar desapercibido: de los 43,128 casos en los que podría presumirse la comisión de un delito, solo 3,869 cuentan con una carpeta de investigación abierta. Esta cifra no habla de una menor incidencia del fenómeno, sino de los obstáculos persistentes en los procesos de denuncia, investigación y acceso a la justicia.
La pregunta entonces no es solo cuántas personas están desaparecidas, sino cuántos casos están siendo realmente investigados.
En este contexto, condicionar el reconocimiento efectivo de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación no solo resulta problemático, sino que invierte la lógica de responsabilidad: en lugar de que la falta de acción institucional sea corregida, corre el riesgo de convertirse en un filtro que reduce la visibilidad del problema.
Por otro lado, la afirmación de que una gran mayoría de las personas ha sido localizada también merece una revisión más cuidadosa. Diversas experiencias han demostrado que, en muchos casos, los hallazgos no son resultado de estrategias institucionales, sino del trabajo constante de colectivos y familias que, ante la ausencia de respuestas, han asumido la búsqueda.
Esto abre otra dimensión del problema: la brecha entre el discurso institucional y la realidad en territorio.
Las críticas a las cifras no responden únicamente a una discusión técnica. Lo que está en juego es la confianza en la información pública y, más aún, la capacidad del Estado para rendir cuentas frente a una crisis de esta magnitud.
Por ello, la revisión del registro no puede limitarse a un ejercicio administrativo. Requiere transparencia plena, metodologías claras y la incorporación activa de familias, organizaciones de la sociedad civil y especialistas. No como un gesto, sino como una condición necesaria para construir respuestas efectivas.
Porque, al final, el riesgo de reducir la crisis a una cifra no es solo estadístico. Es profundamente humano.
Detrás de cada registro —completo o incompleto— hay una historia que sigue abierta. Y mientras esa historia no tenga respuesta, la crisis no puede darse por acotada.
